El ex Director General de Administración de la Secretaría de Trabajo, Martín Alejandro Bugeiro, destruyó buena parte de los documentos que guardaba en su oficina cuando se enteró de que el actual Gobierno lo iba a despedir de su cargo. Trituró expendientes sobre su gestión y guardó los papeles rotos en bolsas de residuos, pero no pudo retirarlas de su despacho.
Las fotos que ilustran esta nota fueron tomada por las actuales autoridades del ministerio de Capital Hunano, de Sandra Pettovello, que tiene ahora bajo su órbita el área de Trabajo pero en el rango en Secretaría. El ex funcionario K Bugeiro eliminó pruebas de su labor en papel, pero también borró los discos rígidos de sus computadoras. Todo sucedió cuando se enteró de que tanto él como otros doce empleados técnicos pero militantes del peronismo de su misma área serían echados por la actual administración. Ocurrió el 17 de abril pasado.
Las imágenes de los expedientes destruidos que tramitaron con su firma no parecerían expresar una actitud vinculada a la transparencia. El contexto de los despidos de Bugeiro y otros «burócratas K» es justo en sentido contrario: se los estaba auditando porque existen indicios de que podrían haber cometido actos de corrupción. Así se lo confirmaron a Clarín miembros del Gobierno que impulsaron esa pesquisa.
Bolsas con documentos destruidos en las oficinas de la Secretaría de Trabajo.Bugeiro, apodado «El Gitano», fue encontrado por funcionarios de la subsecretaría Legal de Capital Humano, de Leila Gianni «in fraganti» mientras intentaba eliminar la documentación que podría comprometerlo. Ocurre que tanto él como otro funcionario K despedido el mismo día de ese mismo organismo público, el ex Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Trabajo, Nicolás Sojit, se resistieron a dejar el poder.
Tras recibir la confirmación oficial de que tanto ellos dos como otros once funcionarios que trabajaban en la misma área -pero ocupando otros puestos-, serían cesanteados, creyeron que podrían hacer recapacitar a las autoridades de Capital Humano. Se negaron a dejar sus oficinas.
Esa actitud llegó a un límite tal que, para hacerlos entrar en razón, se recurrió a la policía. Varios agentes fueron hasta sus oficinas, acompañados de funcionarios del área legal del ministerio de Pettovello. Recién entonces se descubrió que Bujeira y su compañero Sojit sabían que su suerte estaba echada, y que solo buscaban ganar tiempo para culminar una faena que ahora podría complicarlos en la Justicia. Las fuerzas de seguridad encontraron a Bujeira en su despacho, acompañado por Sojit, triturando documentación. Los funcionarios «trabajaban» en eliminar posibles huellas propias mientras tomaban whisky, comían galletas y chocolate y fumaban. Las autoridades de Capital Humano le pidieron a la policía que cierre y encinte las oficinas de los K despedidos. Así pasó. Dos días después, el equipo de Legales de ese ministerio fue de nuevo a los despachos, junto a un escribano, y labraron actas de lo que hallaron allí.
Entre otras cosas, se registró de modo oficial que Bujeira había destruido las pruebas sobre sus gestiones ya antes puestas bajo la lupa. Igual pasó con sus computadoras: reseteó todo para que nada quedase en la memoria de las máquinas. Bujeira estaba siendo investigado por el rol que cumplió impulsando expedientes de múltiples contratos de proveedores de servicios en diversas sedes del ex ministerio de Trabajo en las provincias. También fue el encargado de compras de bienes para el Estado, como muebles de alto costo de los que podrían no haber control alguno sobre su destino final.
Sandra Petovello, ministra de Capital Humano. Foto: Guillermo Rodriguez AdamiEl trabajo de Legales de Capital Humano sobre la hoy Secretaría de Trabajo impulsó los despidos de los funcionarios K basándose en una auditoría sobre ese sector, a la que también se sumó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó varias irregulares cometidas en el organismo público, a las que calificó con la categoría de «alto impacto» por sus posibles derivaciones hacia diferentes delitos contra la administración pública.
Las oficinas de la Secretaría de Trabajo clausuradas por la investigación.Tras el despido efectivo de Sojit, por ejemplo, se descubrió que había tramitado un crédito otorgado al Estado Nacional por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 341 millones de dólares, que tenía como destino oficial «la mejora de la inclusión en educación secundaria y superior». Sojit fue denunciado en la Justicia debido a que no rindió cuentas -siempre de acuerdo a la información de Capital Humano-, sobre cómo y por qué se gasto de esa cifra multimillonaria.
En el caso de «El Gitano» Bugeira, las sospechas se acrencentaron tras la destrucción de la documentación en papel que tenía guardada en Trabajo, y también por su intento de borrar las computadoras estatales que tenía asignadas para su empleo público.
Un grupo de especialistas que auditan los muchos organismos que dependen del ministerio de Pettovello lograron recuperar alrededor del 90 por ciento de lo que antes guardaban los discos rígidos de esas máquinas.
Los «auditores» de Trabajo del actual Gobierno intentan también reconstruir lo que decían los expedientes triturados entre whisky, chocolate y humo de tabaco. Es una tarea que requiere tiempo y paciencia, pero que ya empezó. Aunque pareciera ser complejo y hasta extraño que se quiera reconstruir lo que decía la documentación multi-recortada, lo cierto es que es una labor que suele realizarse en otras pesquisas, de diferentes ámbitos. El servicio secreto argentino suele triturar sus memos confidenciales y secretos, cada día, al caer la tarde, pero en ese caso las máquinas utilizadas transforman cada hoja que pasa por sus cuchillas en papel totalmente picado. Si Bujeira buscó ser eficaz en el ocultamiento de pruebas, no lo logró del todo.
Con todo, su despido, igual que el de los otros doce empleados jerarquicos del ex Ministerio de Trabajo K, se decidió cuando los funcionarios del gobierno libertario detectaron que se habían encargado, durante años, de manejar millonarios fondos públicos en un área con enorme presupuesto estatal.
El cargo de Bujeira, aunque éste sea un desconocido para la opinión pública, era de relevancia dentro de la estructura estatal.
Era quien tenía la última firma para avalar rechazar procesos de compras, contratos de servicios y hasta de locaciones de edificios y otros inmuebles que fueron o son sede del ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría.
Entre otros expedientes que están bajo revisión, se pueden mencionar el alquiler de varias pisos, u oficinas para ampliar los servicios de su organismo, y la renovación de esas rentas; compras de ascensores y sus posteriores reparaciones, alfombras, equipos de energía eléctrica, extintores de incendios, electrodomésticos, materiales de prevención para el Covid-19, flotas de vehículos para uso oficial, neumáticos o baterías para esos autos, aires acondicionados, aparatos para prevenir incendios, cartelerías lumínicas, chalecos antireflexivos, alarmas anti-robo, tanques de agua, y muchísimos más elementos necesarios para que el Estado brinde servicios profesionales y seguros.
El ex funcionario también adjudicó licitaciones para provisiones de remises para trasladar funcionarios, para limpieza, funigación y mantenimiento de todo tipo de variables vinculadas a lo edilicio, desde herramientos de pinturería, cerrajería hasta otras erogaciones sin tanta especificación como «Elementos de protección colectiva», entre muchísimos items de estilos distintos.
Todo, y más, está ahora bajo auditoría.
Incluso lo que Bujeira quiso eliminar en formato físico o guardado en plataformas de computadoras.
Habrá novedades, aseguran las fuentes que se involucraron en este caso paradigmático.
El despido tras el intento de borrar pruebas de este ex funcionario K no es el final de una historia. Es el principio.