Emergencia sanitaria, riesgo eléctrico, de derrumbe y ambiental. Todo eso encontró el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño en el Galpón Iriarte de la Villa 21-24, donde habitan 23 familias. La situación del lugar está judicializada desde 2018, cuando los vecinos y vecinas se presentaron ante la Justicia para pedir una relocalización urgente ante las condiciones extremadamente precarias de habitabilidad. Denuncian que desde entonces, y pese a fallos a favor de las familias, el gobierno porteño no brindó soluciones. Ahora el MPD vuelve a insistir para que la Justicia dicte un fallo de fondo sobre el tema.
El Galpón Iriarte forma parte de las estructuras de playas ferroviarias del ex Ferrocarril Oeste y está ubicado en la Manzana N°2 del sector Tierra Amarilla de la 21-24, el asentamiento más grande de la ciudad. El galpón, en su momento abandonado, hoy está rodeado por las viviendas del barrio y comenzó a ser habitado por dentro en la década de los ’80. Las familias construyeron sus viviendas dentro de la estructura ubicada a metros de la Avenida Iriarte. Hoy hay 23 viviendas, 9 en planta baja, 11 en el primer piso y 3 en el segundo. En total, según el informe elaborado por el MPD, residen de forma permanente 88 personas. Las familias están organizadas desde el año 2013 para acreditar las condiciones de vulnerabilidad del lugar.
«Al evidente deterioro de la estructura, se suma el hundimiento de partes del suelo, la inundación de las viviendas, la precariedad de las casas que lo rodean, y que se apoyan sobre su estructura, y la existencia de un pozo cloacal bajo el galpón, donde se acumulan los desechos cloacales de un importante sector del barrio», advierte el MPD en el informe sobre la situación del lugar. Ese subsuelo, que «desborda de desechos cloacales», constituye el punto más crítico del lugar, originando todos los problemas de estructura, ambientales y sanitarios.
En 2018, el mismo grupo de vecinos y vecinas acudió directamente a la Justicia para presentar una acción de amparo contra el GCBA en busca de soluciones habitacionales, denunciando la afectación al derecho a la salud y a la vivienda. La última novedad en el marco de esa causa es una medida cautelar ratificada por la Sala N°3 de la Cámara de Apelaciones porteña, que en septiembre de 2023 ordenó al Gobierno «que evalúe a cada uno de los grupos familiares para brindarles una solución habitacional que garantice el derecho a la vivienda adecuada».
La Justicia indicó que esa «solución» podía ser un subsidio, pero que en ese caso «el monto deberá ser suficiente para cubrir las necesidades habitacionales«, y que mientras tanto se debían garantizar las «medidas urgentes para salvaguardar y garantizar la seguridad e integridad físicas de los habitantes del inmueble». «Esta medida cautelar no está realmente cumplida por el Gobierno, que se demora en tomar todas estas medidas, y desde la Defensoría denunciamos su incumplimiento», dijo ahora a este diario Ramiro Dos Santos Freire, defensor de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del MPD.
«Por otro lado, reiteradas veces le solicitamos al juez que dicte la sentencia definitiva que realmente resuelva el problema, ya sea con la relocalización de los habitantes a un lugar en condiciones dignas de habitabilidad, o una alternativa que signifique una solución integral del problema, pero aún el Juzgado de primera instancia no dicta sentencia», agregó el defensor.
Según el informe del MPD, un buen número de habitantes del galpón padece algún problema de salud, que puede agravarse por la situación sanitaria en la que viven. El 25 por ciento de las personas padece problemas respiratorios como asma, broncoespasmos o alergias, mientras que otro 26 por ciento padece diversos problemas de salud mental o dificultades en el crecimiento o aprendizaje. «Otro grupo significativo es el de 21 por ciento de personas con enfermedades de la piel, como alergias, sarpullidos, dermatitis e infecciones«, agrega el informe, que detalla que hay otros dos grupos relevantes con enfermedades crónicas como problemas de tiroides, diabetes, colesterol alto o hipertensión, o problemas de motricidad significativos como hernias, discapacidad motriz, artritis o artrosis.
En cuanto a las condiciones de hacinamiento, el informe precisa que el 57 por ciento de las viviendas del galpón está habitada por 5 o más integrantes, lo que supera el porcentaje de viviendas porteñas con esa cantidad de personas, ubicado en el 17,3 por ciento. El promedio de años de residencia en el galpón, en tanto, es de 17 años, pero el 22 por ciento de las personas vivieron allí durante toda su vida. El 19 por ciento de sus habitantes, en tanto, se encuentra desocupado, mientras que otro 17 por ciento realiza changas para sobrevivir.
El GCBA ya tiene otros fallos en contra por las condiciones de vida dentro de la 21-24. Es el caso, por ejemplo, de la causa conocida como «riesgo eléctrico» que cuenta con 14 años de litigio judicial. La Justicia ya ordenó en reiteradas ocasiones que el Ejecutivo debe solucionar los graves problemas en el tendido eléctrico dentro del barrio, causales de incendios, cortocircuitos y electrocuciones. Pero el gobierno no parece urgido por resolver estas cuestiones, y tampoco por estar a derecho, aunque es cierto que la desobediencia a los fallos no parece tener consecuencias en este caso.