La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que interrumpa el otorgamiento de permisos de obras nuevas en una zona del barrio de Núñez. Es en respuesta a una acción de amparo ambiental presentada en agosto de este año por vecinos y vecinas del lugar que denunciaron daños estructurales en más de cuarenta viviendas por el avance de la construcción de edificios a gran escala en ese sector. En la demanda se detallan diversas afecciones en las casas como rajaduras, aperturas de grietas, hundimientos y hasta desplomes de mamposterías.
La resolución lleva la firma de la jueza Alejandra Beatriz Petrella, titular del Juzgado de primera instancia N°12 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. Se trata de una medida precautelar en la que, en principio, la jueza ordena al Gobierno porteño informar cuántos permisos de obra fueron entregados y cuántos se encuentran en trámite, y si los permisos contaron con evaluación de impacto ambiental contemplando las condiciones de los suelos y las napas del lugar. Al menos hasta que se adjunte esa información, Petrella ordenó al GCBA que «suspenda el ingreso, tramitación y otorgamiento de nuevos permisos de obra en la zona».
El polígono en cuestión es el delimitado por las vías del ferrocarril General Mitre y las avenidas Crisólogo Larralde, Del Libertador y Congreso, todo dentro del barrio de Núñez, donde el número de casas afectadas fue creciendo al calor del avance inmobiliario en los últimos años. Los daños ocasionados son diversos y aparecen enumerados en el amparo, acompañados de imágenes que documentan las denuncias: descalces en las estructuras, grietas y rajaduras en muros y cerramientos, desprendimientos de mamposterías, hundimiento de pavimentos tanto internos como externos, pérdidas en instalaciones de servicios, fisuras y rajaduras en medianeras, daños por humedad, hundimiento de veredas, ventanas y puertas que no abren o no cierran hasta impedir la entrada a las viviendas.
La magistrada no dio mayores precisiones en su resolución sobre la cuestión de fondo de la investigación. Indicó que en la causa todavía «no existen elementos suficientes» para tomar una decisión formal, pero que la naturaleza ambiental de la demanda y el «peligro de daño grave o irreversible» imponen la necesidad de una medida preventiva «en aras de la protección de un bien mayor, en este caso el ordenamiento del patrimonio urbano cuya afectación puede impactar en todos los vecinos de la ciudad y particularmente en la zona de Núñez, densamente poblada».
En el escrito presentado por la agrupación Vecinos Afectados por Movimiento de Suelos – Núñez y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), los amparistas habían solicitado otras medidas además de la suspensión de los permisos de obra. En principio, pidieron que se declare directamente la emergencia urbanística y ambiental del sector y que se realice un relevamiento formal de los daños y del impacto ambiental de las construcciones para determinar «las acciones y trabajos adecuados y oportunos para reparar las viviendas y edificios que fueron dañados«.
En el mismo sentido reclamaron la elaboración de un Plan de Contingencia para «brindar una respuesta rápida y eficaz para la atención de emergencias en caso de peligro edilicio, en la infraestructura de servicios públicos o en la integridad de las personas».
Las organizaciones amparistas también advirtieron que «desde hace dos décadas vecinos de Núñez vienen alertando al GCBA sobre el deterioro de sus viviendas, con daños que se producen al mismo tiempo en que se ejecutaron y se encuentran en ejecución edificios de gran envergadura en la zona, como es el caso de la construcción de varios de gran altura y de dos pasos bajo nivel situados en el cruce entre el ferrocarril Mitre y las avenidas Crisólogo Larralde y Manuela Pedraza».
Señalan particularmente a la construcción de siete complejos de torres de gran altura dentro y en los alrededores del polígono con una capacidad constructiva total de aproximadamente 250 mil metros cuadrados. Los complejos, advierten, están concentrados en un perímetro de cinco cuadras a la redonda, «ya que esa zona fue elegida por algunas desarrolladoras para ser un polo de oficinas premium y edificios residenciales de lujo cuyos precios de venta se sitúan entre los 6000 y 7000 dólares el metro cuadrado». Uno de ellos es el que se construye en el sector sur de los terrenos del Parque de la Innovación — exTiro Federal –, «con sus seis subsuelos que llevarán a una fuerte depresión de la napa freática».
Luego de conocerse la resolución de la jueza Petrella, el abogado del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que «la especulación inmobiliaria no puede estar por sobre la vida, la integridad física y las viviendas de cientos de familias en Núñez». «Hace más de dos décadas se toman decisiones en materia de urbanización que contrarían los lineamientos del Plan Urbano Ambiental, que exceden los límites permitidos por los códigos vigentes, y que están poniendo en peligro la integridad de las residencias establecidas hace más de medio siglo en el barrio», agregó.