“Yo soy pro vida, literal, no lo dudo, pañuelo celeste de acá a la China”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, para justificar la posibilidad de que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea derogada o modificada por el Congreso el año próximo. El anuncio no sorprendió dado el desmantelamiento de las instituciones y políticas de género conseguidas desde la democracia. Aunque generó el repudio de organizaciones sociales y feministas de todo el país, que ven esta propuesta como una apuesta a la criminalización de las mujeres, un retroceso y una profundización del camino de oscurantismo iniciado hace un año desde que el Javier Milei asumió la presidencia del país. De avanzar en esta línea, la respuesta será más activismo, en la calle, en el Congreso, donde sea necesario, anunciaron.
En una entrevista en Neuramedia, Alejandro Fantino le dijo a Menem que dos o tres diputados le comentaron que iban a intentar el año que viene derogar o cambiar la ley IVE. Menem contestó que eso era posible y volvió a hablar de sus gustos personales para referirse a una ley nacional y política pública: “No creo que tengamos los números pero personalmente me gusta”.
La respuesta de las militantes feministas por la educación sexual integral y el derecho al aborto no se hizo esperar. “Sabíamos que el gobierno nacional llegaba para dar marcha atrás con las instituciones y las políticas de género que trabajosamente venían desplegándose en los gobiernos anteriores. Ya dio algunos pasos materiales y simbólicos en esa dirección. Lo que no sabíamos, me parece, es hasta qué punto el Gobierno iba a ser capaz de cambiar sus premisas liberales por las visiones más conservadoras y autoritarias de las que tengamos memoria. Derogar la Ley de IVE sería uno más en su camino de oscurantismo y vulgaridad que levanta como bandera. Y además, que iba a ser capaz de emplear los peores métodos de la política –comprar votos por ejemplo– para lograr sus objetivos. El ejercicio despótico del poder, que no tiene freno visible con una Corte Suprema silente, está hundiendo al Gobierno en el totalitarismo más cercano a una dictadura que creíamos no volvería nunca más desde hace 41 años”, dijo a Página/12 Graciela Morgade, doctora en Educación por la UBA.
Soledad Deza, abogada de Mujeres x Mujeres de Tucumán, dijo que “una apuesta por la criminalización de mujeres y la clandestinidad del aborto con estos índices de pobreza es una cachetada al sentido común, pero muchas cosas en este Gobierno lo son. Me cuesta pensar que el Congreso vuelva a criminalizar el aborto. Sería regresivo y el Estado incurriría en responsabilidad internacional por eso. Creo que le habla a una tribuna minúscula de exaltados propios, no creo ni si quiera que todo el arco oficial desee que vuelvan las muertas por abortos, no sería razonable ni saludable para este escenario de miseria que habitamos sumar la persecución penal por no desear parir”. En el mismo sentido, Jenny Durán, activista de la Campaña por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, dijo que a esta altura del año hablar de este tema es bastante impreciso. “Hay varios temas políticos que están en agenda, que preocupan a la población y también al activismo. Como siempre, tiran la piedra y después resulta que ni llaman a extraordinarias, por ejemplo… Hay mil temas actualmente que preocupan: la concentración de la riqueza que genera más pobreza, la represión social y temas como las coimas en el Senado por la ley bases”.
Para Luci Cavallero, del Colectivo Ni Una Menos, “no sorprende para nada que un gobierno que ha decidido poner al movimiento feminista y sobre todo a los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans como principales enemigos y enemigas quiera profundizar en la destrucción de conquistas sostenidas y logradas durante años. Además nos parece profundamente antidemocrático que una ley debatida durante años, para la que se hizo un trabajo absolutamente transversal y que incluso hoy una gran mayoría de la población está de acuerdo con esa ley se quiera borrar de un plumazo, así que lo vamos a enfrentar con todas las fuerzas en las calles”.
Por su parte, Valeria Sardi, docente e investigadora UNLP y militante del Movimiento Federal xMásESI, enmarcó este anuncio en las políticas de retroceso especialmente en relación a los derechos sexuales y reproductivos. “Habrá que seguir con la lucha en las calles. La verdad que produce mucha tristeza, angustia, sobre todo por lo que nos costó lograr la ley de IVE”, apuntó.
El 30 de diciembre se cumplen cuatro años de la sanción de la ley que legalizó la IVE. La norma establece el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir ese proceso hasta las 14 semanas de gestación (lo que se llama interrupción voluntaria del embarazo –IVE–) y también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación, peligro de la vida o de la salud de la persona gestante; en este caso la norma no estipula plazos.
A partir de la ley, según Sardi, el tema “salió de la clandestinidad, se empezó a hablar en distintos espacios del aborto no como una vergüenza sino como un derecho. Es un tema que ingresó como un tema de la ESI, como un contenido escolar y educativo para abordar tanto en la escuela secundaria como en educación superior y tal vez lo más importante que se logró es el acceso a la salud gratuito y el acceso a poder hacer un aborto sin tener que sufrir una serie de violencias y fundamentalmente de falta de acceso que implicaba claramente la cantidad de muertes por abortos inseguros e ilegales. Hay muchas cuestiones que mejoraron las vidas de las mujeres y de los cuerpos gestantes a partir de la promulgación de la ley de IVE”.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, las muertes maternas por aborto disminuyeron entre 2020 y 2021. También se registró un descenso en la tasa de fecundidad adolescente que pasó de 15,4 por mil mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 por mil en 2021. La tasa de fecundidad de las niñas de 10 a 14 años se redujo un 57% entre 2018 y 2022, un descenso de esta magnitud es inédito en América Latina según el Proyecto Mirar, coordinado por CEDES e Ibis Reproductive Health, lo que analizan como resultado de la aplicación de políticas públicas articuladas entre sí, como la Educación Sexual Integral, el Plan ENIA, desmantelado por el gobierno nacional actual y la implementación de los servicios de IVE/ILE. Todas políticas sino demolidas, atacadas por el gobierno actual.
Según datos del Proyecto Mirar, en Argentina hay 1982 servicios públicos que practican IVE/ILE. Este número se duplicó desde finales de 2020 cuando se sancionó la ley. Más de 86000 mujeres y otras personas con capacidad de gestar abortaron en 2023.
La ley hoy tiene dificultades de aplicación porque, entre otras cosas, el gobierno no está enviando la medicación necesaria para realizar las IVE. “Sabemos, a partir de pedidos de informes al Ministerio de Salud de la Nación, que en el año 2024 no se han distribuido insumos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Hablamos de misoprostol, mifepristona, o los kits para aspiración manual endouterina (AMEU). El gobierno nacional no compró este año, ni cuenta hoy con stock. De modo que son las provincias y la ciudad de Buenos Aires las que están cubriendo esta necesidad. Entonces lo que sí preocupa es el presupuesto para cubrir la práctica, porque la demanda de IVE existe, como así también de ILE. Son cuestiones de salud por las que nuestra lucha generó una gran conciencia en la ciudadanía. Nos parece que especular con estos temas es poco serio y perverso, como lo es sacarles los medicamentos a las y los jubilados, esconder la comida, no tener políticas para prevenir y acompañar a personas que sufren violencia de género”, apuntó Durán. El horizonte al que apuntaría el gobierno es reconfigurar la libertad “de forma tal que la que tenga dinero lo va a comprar en la farmacia, no importa si el Estado lo da o no, y no importa si es legal o no. Ahora, la compañera de la ruralidad del interior, la que está sin trabajo cómo va a pagar un tratamiento si el Estado no lo garantiza. ¿Qué libertad es esa?”, dijo Deza.
Finalmente, Durán explicó que están “solicitando información al gobierno nacional y a las distintas provincias para conocer las implicancias de estas inacciones e irresponsabilidades. Negar derechos es destruir el núcleo de lo que sostiene y desarrolla lo social. Para el activismo la defensa de los derechos es imperativo y vamos a seguir ejerciendo nuestro rol militante y de lucha en las calles, en lo legislativo, movilizando en distintos ámbitos para defenderlos y protegerlos”.