El Gobierno nacional busca avanzar con el proyecto de blanqueo fiscal denominado Principio de Inocencia Fiscal, pero el camino legislativo se empantana. En este contexto, las provincias del noreste argentino (NEA) —Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa— emergen como piezas claves para destrabar una iniciativa que permitiría legalizar dólares no declarados, tanto en el país como en el exterior.
Mientras Chaco y Misiones ya firmaron su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por la Casa Rosada, Corrientes aún no confirmó su apoyo y Formosa no se pronunció oficialmente. El apoyo (o rechazo) de estos distritos podría inclinar la balanza en un Congreso donde al oficialismo ya no le alcanzan los votos propios ni de sus aliados más cercanos.
El plan original era tratar la ley en comisión durante la primera semana de julio, pero las diferencias internas y el rechazo de bloques dialoguistas han congelado ese cronograma. Uno de los puntos más conflictivos es la diferencia entre lo anunciado públicamente por el ministro Luis Caputo y el titular de ARCA, Juan Pazos, y lo que efectivamente figura en el texto enviado al Congreso: la posibilidad de blanquear rentas no declaradas en el exterior sin penalidad alguna.
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Además, el proyecto excluye a los monotributistas, lo que sumó más objeciones. Quienes quieran ingresar al régimen deben inscribirse como responsables inscriptos, lo que representa un obstáculo para miles de pequeños contribuyentes.
En la región NEA, el respaldo de los gobernadores se convirtió en un eje central de las negociaciones. El Ejecutivo necesita mostrar volumen político ante un Parlamento adverso, donde la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, se presenta como el mayor escollo. En este ámbito, la oposición tiene la capacidad de bloquear el avance de la norma.
Las que firmaron
Hasta ahora, firmaron el acuerdo 12 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, figuran Chaco y Misiones, junto a otras como Jujuy, Salta, San Juan, San Luis, Río Negro y Neuquén. En el lote inicial también se contaron Catamarca y Tucumán, ambas gobernadas por el peronismo, lo que muestra que el oficialismo logró sumar apoyos diversos, pero aún insuficientes.
Corrientes, con un bloque legislativo significativo y un gobernador de peso como Gustavo Valdés, permanece en silencio. Su decisión será clave: si se suma, podría abrir el camino para sumar los votos que faltan en el Congreso. Formosa, por su parte, no aparece mencionada entre las provincias firmantes ni en el radar inmediato del oficialismo.
El martes próximo está prevista una nueva reunión en la Casa Rosada, en la que los mandatarios provinciales llevarán sus reclamos por fondos para obra pública, en medio del recorte generalizado de transferencias nacionales. A cambio, el Ejecutivo condiciona la liberación de recursos al respaldo legislativo.
En paralelo, otros proyectos del oficialismo como la ley Hojarasca también se mantienen estancados. A pesar del impulso que el Gobierno intenta dar desde la Presidencia y el Ministerio de Economía, las derrotas legislativas recientes, las internas del PRO y el desgaste político por la recesión complican el panorama.
Así, el rol de los gobernadores del NEA se vuelve determinante. No sólo por su capacidad de influencia en diputados nacionales, sino también porque representan territorios sensibles donde el blanqueo puede tener efectos concretos en la reactivación económica o en el debate sobre justicia fiscal.
La apuesta de la Casa Rosada está clara: cerrar acuerdos con los mandatarios provinciales y presionar hacia adentro del Congreso. Pero en un escenario de creciente fragmentación política, la capacidad de articulación parece más limitada que en los primeros meses del año. Por ahora, el blanqueo fiscal sigue sin fecha de tratamiento. Su destino depende, en buena parte, de lo que decidan los gobernadores del norte argentino.