La ley SB4-C de Florida, promovida por el gobernador Ron DeSantis, se convirtió en uno de los temas más controvertidos en Estados Unidos. La normativa, que criminaliza la entrada y reingreso de migrantes indocumentados al Estado del Sol, fue bloqueada temporalmente por un fallo judicial, pero su futuro se definirá en una audiencia clave este mes. Mientras organizaciones de derechos humanos celebran la medida cautelar, el mandatario asegura que apelará hasta llegar a la Corte Suprema.
La SB4-C, aprobada en febrero de 2025, establece un riguroso esquema de sanciones contra migrantes indocumentados que ingresen o permanezcan en Florida. La normativa introduce dos nuevos delitos estatales:
Entrada ilegal de un adulto no autorizado al estado (Sección 811.102):
Reingreso ilegal de un adulto no autorizado (Sección 811.103):
Además:
La SB4-C también incluye una cláusula polémica: condena a muerte a migrantes indocumentados declarados culpables de delitos capitales, tales como:
El 4 de abril de 2025, la jueza federal Kathleen M. Williams emitió una orden restrictiva temporal (TRO, por sus siglas en inglés) que frena la aplicación de la SB4-C. En su fallo, argumentó que:
Viola la Cláusula de Supremacía federal:
Amenaza derechos constitucionales:
Sigue precedentes nacionales:
La jueza Williams fijó una audiencia para el 18 de abril donde se decidirá si la suspensión se mantiene hasta que se resuelva el caso de fondo. Si se ratifica, Florida podría apelar, lo que llevaría el conflicto a instancias superiores.
El gobernador republicano no tardó en reaccionar. En un video difundido en redes, acusó a la jueza Williams de “activismo judicial” y aseguró que el estado apelará: “Anticipamos esto. Sabíamos que buscarían un tribunal favorable”.
En defensa de la SB4-C, DeSantis sostuvo que “los arrestos bajo esta ley fueron legales. Tenemos derecho a proteger nuestras fronteras”. En este sentido, ya dejó en claro que llevarán el litigio hasta la Corte Suprema de ser necesario. “No bajaremos la guardia en la aplicación de las leyes migratorias”, añadió
Por último, DeSantis también destacó los acuerdos de Florida con el ICE para colaborar en deportaciones, una estrategia que podría reactivarse si la SB4-C se reimpulsa.
La SB4-C no solo redefine la política migratoria de Florida, sino que desata una pulseada entre el estado y el gobierno federal. El 18 de abril marcará un hito: si la justicia federal mantiene el bloqueo o abre la puerta a que DeSantis siga adelante. Mientras tanto, miles de migrantes y activistas esperan con incertidumbre, conscientes de que el resultado podría sentar un precedente nacional.