El Gobierno anunció una decisión estratégica en la lucha contra el narcotráfico a pocas horas de ponerse, el lunes, en vigencia el nuevo sistema penal acusatorio en Rosario. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, rechazó la posibilidad de llevar ese nuevo sistema -que da el poder de investigar a los fiscales- primero a la provincia de Buenos Aires y luego a Mendoza.
Mientras está todo listo, luego de un enorme esfuerzo de fiscales, jueces y funcionarios, para el acto del lunes, a las 15, en la facultad de Derecho en Rosario de la Universidad Nacional del Litoral Rosario para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal (sancionado en el 2014) en esa jurisdicción, Cúneo confirmó esa decisión estratégica en la lucha contra los narcos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina Horacio Rosatti propone llevar primero el sistema acusatorio de la provincia de Buenos Aires.En cambio, Horacio Rosatti y otros magistrados proponen “seguir la ruta del narcotráfico hacia la provincia de Buenos Aires” aunque el presidente de la Corte y el ministro no quieren discutir en público este tema por ahora para no empalidecer el acto del lunes. Pero Cúneo salió ayer a defender su opción por Mendoza.
No solo es un problema judicial o de cómo encargar la lucha contra los narcos, sino también político. Si el próximo paso sería la Jurisdicción La Plata, que incluye el aeropuerto de Ezeiza y Lomas de Zamora, los jueces y fiscales deberían ponerse a investigar las denuncias de connivencia de algunos jefes de la policía bonaerense, que maneja el gobernador K Axel Kicillof, con el narcotráfico.
En “vez de la ruta del Malbec”, dijo a Clarín un juez en off the record y con ironía, se debería llevar el acusatorio “a la jurisdicción San Martín y luego San Isidro” que limita con la jurisdicción Rosario que llega hasta la localidad bonaerense de San Nicolás.
Este sector judicial cree que los narcos, ante la presión en Rosario, bajarán hacia el norte de la provincia que incluye además las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz “donde están presos los jefes de las bandas de Los Monos y los Alvarado”.
El Consejo de la Magistratura de la Nación finaliza la puesta a punto de salas de audiencia para el inicio del sistema acusatorio en Rosario. Cuando algunos sectores creían que no se iba a llegar al 6 de mayo se pudo y por eso el lunes estarán presentes en el acto unos 150 invitados, entre ellos el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal y otros jueces y funcionarios de todo el país.
Así a partir de las cero hora del lunes las denuncias penales graves, como narcotráfico (el delito de narcomenudeo quedó para la justicia provincial) serán investigados por este nuevo sistema donde los fiscales investigan, la mayoría del proceso es oral y no escrito y las causas deben estar terminadas en 3 años (Ver Infografía).
Cúneo dijo a Infobae que “tenemos que ir más despacio antes de llegar a la provincia de Buenos Aires, porque es un tema de criminalidad muy compleja”.
“Tenemos otras zonas del país que lo necesitan también, Cuyo, que tiene mucho contrabando en la Cordillera, y que lo necesita. Tenemos los medios, la estructura, ya fuimos a Cuyo, que es Mendoza, San Juan y San Luis, y cada departamento tiene distintas sedes: Mendoza, San Rafael; San Luis, Villa Mercedes, no es solamente la capital”, agregó.
Y luego de la jurisdicción Cuyo (las jurisdicciones judiciales no coinciden con las divisiones políticas de las provincias), dijo, a la Patagonia. El plan de Cúneo, quien está obsesionado con el tema, es dejar la provincia de Buenos Aires para los dos últimos años de Gobierno y, en último término, la jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluye los tribunales de Comodoro Py donde se ventilan las causas por corrupción contra funcionarios. “Pareciera que se quiere ir lo más lejos de Py”, comentó un fiscal en estricto off.
Cuando se le preguntó por la primicia de Clarín según la cual Rosatti y otros magistrados después de Rosario quieren ir con el sistema acusatorio a la jurisdicción La Plata, Cúneo contestó: “Por ahora, la provincia de Buenos Aires no”.
“Y la CABA está en estudio. Hay que ir despacio. Esto es un cambio tremendo para los operadores” del sistema judicial por los medios y la capacitación, añadió el ministro de Justicia que trabaja a full en la implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo país.
Hasta ahora solo rige en Salta y Jujuy pese a haber sido aprobado por el Congreso hace diez años, luego de que fracasó el actual sistema inquisitorio que permite que los jueces investigan y que la instrucción sea por escrito. Este viejo sistema permite que por ejemplo las causas por corrupción tarden un promedio de 16 años en ser resueltas.
Otras de las salas de audiencias armadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación para el inicio del sistema acusatorio en Rosario.La opinión de Cúneo es clave porque del mega DNU del presidente Javier Milei le quitó al Congreso la facultad de decidir en qué provincias se implementará primero el sistema acusatorio y se la dio al ministro de Justicia.
Cúneo y su equipo, que a modo se juramentaron y firmaron un papel manuscrito para poner en vigencia el sistema en Rosario, Mendoza y la Patagonia antes de fin de año o principios del 2023, visitaron varias veces Rosario. El papelito está pegado con cinta scotch en la oficina del ministro.
La idea es ir “de una jurisdicción muy compleja (Rosario) a una compleja (Cuyo) y otra menos compleja (la Patagonia)” por una cuestión de esfuerzos personales y escasos recursos presupuestarios. “En mi ministerio no funcionan los ascensores porque usó la plata para Rosario”, dijo Cúneo a Clarín.
En esos viajes mantuvo reuniones de trabajo con los miembros de la Cámara Federal; los jueces del Tribunal Oral Federal de Rosario y Santa Fe; todos los fiscales del distrito y con defensores públicos. Cúneo dijo a este diario que ya invirtió “unos 4 millones de dólares en mejoras edilicias y equipos” para las cinco de las diez salas de audiencias que habrá para estos procesos juicios que, casi en su totalidad, serán orales.
El ministro acordó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que supervise todas las licitaciones y compras a través de una cuenta bancaria única para que haya transparencia.
En la Justicia ven con buenos ojos el entusiasmo del ministro pero le discuten su visión estratégica. También resaltan la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de poner bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal (SPF). En otras fuentes del palacio de Justicia se critica duramente la decisión de la ex interventora K del SPF y fundadora de “Justicia Legítima”, María Laura Garrigós, de haber suprimido la dirección de inteligencia del SPF.
Pero desde el sector de tribunales insisten en ir a la provincia de Buenos Aires primero. Ponen como argumento que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que dirige el fiscal Diego Iglesias. intervino este año “en menos ocasiones en la jurisdicción Mendoza (18 colaboraciones) que en la jurisdicción La Plata (132 colaboraciones)”. Iglesias es además el fiscal de la Cámara Federal platense.
San Juan y Mendoza, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, no adhirieron a la ley 26.052 de desfederalización, por lo que en la jurisdicción Mendoza las causas de narcotráfico las lleva la justicia federal.
“El 74% de las causas iniciadas por estupefacientes en 2023 en la jurisdicción Mendoza son por tenencia simple o para consumo personal” señala un informe que circula por la Justicia y a la que accedió Clarín.
La Corte Suprema en la sentencia de la causa “Arriola”, de 2009, resolvió que es inconstitucional perseguir a una persona adulta por tener drogas, si no perjudica a terceros. El 33% de las causas iniciadas por estupefacientes en 2023 en la jurisdicción Mendoza son por tenencia simple o para consumo personal. Entonces, 3 de cada 4 causas de la jurisdicción Cuyo ingresarían en este criterio y no deberían ser perseguidas por la justicia federal.
Además, la PROCUNAR se propuso “durante los años 2022 y 2023 priorizar la asistencia en los juicios orales respecto de investigaciones iniciadas en años anteriores y seguidos contra organizaciones de gran envergadura, complejidad y/o relevancia institucional”.
Según su informe del 2023, la PROCUNAR intervino en dos procesos en Tribunales Orales Criminales Federales en La Plata (“Segovia, el Rey de la Efedrina” y “Narcogolf”), y en uno en un juzgado de Mendoza (por amenazas). Además, para el año 2024 le correspondía intervenir en uno más en La Plata (“Verdura” Rodríguez).
Sin embargo, Cúneo sigue con proa hacia Mendoza y la Patagonia.
Su equipo –que también integra el viceministro de Justicia Sebastián Amerio- visitó la Cámara Federal de Mendoza en donde hicieron un relevamiento inicial de las necesidades de la jurisdicción para afrontar el cambio de sistema. Y visitarán próximamente las Cámaras Federales de General Roca y Comodoro Rivadavia; ello en el marco del esquema de implementación territorial progresiva del CPPF.
Cúneo, además, firmó un convenio con la Procuración General de la Nación en el marco del plan de implementación en donde el Ministerio de Justicia compró equipamiento para las investigaciones complejas. Por ejemplo, un equipo de extracción de datos forenses (UFED) de celulares y computadoras.
En esta carrera para llegar al lunes no todo anduvo a la perfección. Esta semana el ministerio de Justicia agregó a los tribunales de Reconquista, Santa Fe, dentro de la jurisdicción Rosario para implementar el sistema acusatorio, pero «la ley de fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, sancionada el año pasado por el Congreso, lo prohíbe», recordó otra fuente.
Sin embargo, el tema de debate de fondo que se abre a partir de lunes es hacia dónde poner la proa del sistema acusatorio.
Del lado de Rosatti y otros jueces y fiscales insisten con ir a la provincia de Buenos Aires y argumentan, además, que la embajada de Estados Unidos está preocupada no solo por el narcotráfico, sino también por la falsificación de marcas y el lavado de dinero en la feria de La Salada, ubicada en Lomas de Zamora. La ciudad nada más y nada menos que hasta ahora controla políticamente el ex jefe de Gabinete de Kicillof, Martín Insaurralde, imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito junto a las modelos Sofia Clérici y Jesica Cirio, tras el escándalo del yate “Bandido” en Marbella.