La diputada Graciela Ocaña solicitó este miércoles a la ANSES que revoque la resolución a través de la cual le otorgaron una jubilación de privilegio de $ 7 millones de pesos y un retroactivo de 32 millones a Alberto Fernández porque es “falso” que el ex presidente resida en el país, tal como exige esa ley, entre otros argumentos, porque vive en España. El monto que cobra por mes equivale a 66 jubilaciones mínimas.
Ocaña reveló que en su solicitud el ex jefe de Estado nnombró al ex intendente de la residencia de Olivos, Hugo Daniel Rodríguez, para que realizara el trámite en vez de hacerlo en forma personal y afirmó que es “público y notorio” que su esposa Fabiola Yañez desde diciembre del año pasado no reside en el departamento de Puerto Madero que le presta el ex secretario de Medios, Enrique Albistur, sino en España como afirmó en el expediente.
Facsímil. El ex presidente Alberto Fernández nombró como su apoderado ante la ANSES al ex intendente de la residencia de Olivos, Hugo Daniel Rodríguez, en el expediente para tramitar su jubilación de privilegio.En una nota presentada al l Director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Mariano A. S. De Los Heros, los legisladores Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata solicitaron que se revoque la resolución 0240134826860261 que le acuerda al expresidente Alberto Fernández la asignación mensual en los términos de la ley 24018.
Alberto Fernández cobra casi 7 millones de pesos y le asignaron un retroactivo de 32 millones. A criterio de Ocaña “queda absolutamente claro que la Resolución por la que la ANSES le aprueba la jubilación de privilegio a Fernández resulta nula, de nulidad absoluta, en los términos del art. 17 de la ley 19549, lo que obliga a su inmediata revocación en procura del restablecimiento de la juridicidad vulnerada por aquélla (art. 14, ley 19549)”.
La nota resalta que en el expediente se omitió el primer pedido para que no se le conceda la jubilación de privilegio y reiteró que “el art. 5° de la ley 24018 en su parte pertinente reza: “…Para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país…”
Con respecto a la situación de la residencia en el extranjero del expresidente y las disposiciones del artículo 5° “consideramos que Alberto Fernández debería presentar una declaración jurada que informe su situación actual conforme al domicilio, es decir, si su permanencia en el extranjero será permanente o en forma transitoria”.
“Es de público y notorio conocimiento que el expresidente Fernández reside actualmente en España y no en nuestro país. Esta circunstancia de hecho se levanta en óbice para la procedencia de la asignación solicitada por el susodicho, toda vez que no observa un requisito legal esencial, como el de domiciliarse en el país. Es indudable que la voluntad del expresidente es la de residir en el exterior”, subrayó la nota a la que accedió Clarín.
Además, “Fernández no reúne las condiciones éticas y morales suficientes para gozar de semejante privilegio. No hace falta indagar profundamente para descubrir que el ex presidente deja la gestión con decenas de denuncias penales en su contra como el “Olivosgate”, el caso del vacunatorio VIP y el escándalo de los Seguros”.
Por otra parte, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del Presidente Javier Milei dispuso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Ahora bien, en la resolución cuestionado “en su art. 1°, se le aprueba la asignación mensual al expresidente “por los motivos que se detallan en los considerandos de la […] resolución””. “Es inadmisible que de los tres magros y lacónicos considerandos se pueda tener por cumplido el requisito de la motivación: nada surge de allí que explique, ilustre o informe sobre la decisión a la que se llega”, subrayó la nota de los legisladores.
“ De concederle a Alberto Fernández una jubilación de privilegio de más de 5 millones de pesos, no solo resentiría las arcas del ANSES -afectando así, a los casi 9 millones de jubilados que tiene el sistema y que más de la mitad cobran la jubilación mínima de poco más de 100 mil pesos-, sino que sería una burla para todos los argentinos y en especial aquellos que votaron para terminar con los privilegios de la casta política”, agregó.
Un jubilado que percibe la jubilación o pensión mínima habría recibido en enero 2024, entre su haber y el refuerzo (bono), $160.713. De este modo, “Alberto Fernández va cobrar el equivalente a 43 jubilados y si detraemos el bono de carácter excepcional el monto del haber mínimo rondaría $ 105.713 o sea que Fernández cobraría el equivalente a 66 jubilaciones”.
“La ANSES cuenta con las herramientas para impedir la concreción de una situación, a todas luces, inequitativa. A modo de ejemplo, podemos citar la RESOL-2020-230-ANSES-ANSES (del ex titular Osvaldo Giordano), del 26 de junio de 2020 que dispuso suspender, mientas dure la emergencia declarada en la ley 27.541 y prorrogada por el DNU 260/2020, el pago de los haberes retroactivos en el alta de las prestaciones otorgadas en los términos del Art. 1 de la Ley 24.018”, finalizó la nota.
Sin embargo, una fuente de la ANSES consultada por Clarín dijo que “el pago de retroactivos le corresponde a todo jubilado sea presidente o no”.
«La actuación de ANSES se ajustó a derecho y a la ley vigente. Las resoluciones del director ejecutivo cuentan con dictamen del servicio jurídico permanente. No hay forma que una medida de menor rango, como es una resolución del director ejecutivo del ANSES, sea quien sea, modifique el régimen legal vigente», agregó el vocero de la entidad.