Ahora sin filtro
La gran final por la movilidad de las jubilaciones que se librará este miércoles en Diputados, puede ser la oportunidad para otro armisticio que marcará cambios en el mapa político. Un grupo importante de diputados del peronismo de Unión por la Patria está dispuesto a negociar un dictamen de mayoría con el arco que integran los bloques de la UCR, Hacemos-Pichetto, la Coalición Cívica, Innovación Federal y varios monobloques. Este entendimiento con el bloque «del medio», que funciona como oposición moderada, avanzó en el fin de semana sobre por lo menos una veintena de legisladores de Unión por la Patria que ya votaron con ellos la inclusión del capítulo de impuestos al tabaco.
El miércoles sesionarán las Comisiones de Presupuesto y de Previsión para unificar los cuatro dictámenes que están sobre la mesa, y el aporte de 14 proyectos sobre movilidad que han presentado los legisladores, algunos de mandato cumplido como el de Graciela Camaño, pero que aún tiene estado parlamentario –le dura hasta diciembre. Para que haya un dictamen de mayoría, bastan 41 votos sobre los 80 que suman las dos comisiones. Pero si prosperan las conversaciones que mantienen las autoridades de los bloques de UxP y ese arco moderado, los votos van a sobrar.
Veta quien puede, no quien quiere
Si este entendimiento anti-gobierno prospera en la comisión en el plenario el nuevo dictamen de mayoría tiene asegurada la aprobación en una sesión de la Cámara, que puede tener lugar el próximo 20 de mayo, o a más tardar el 27. El Senado tiene los votos para aprobarlo y hacerlo ley. Lo apoyaría el peronismo y el radicalismo. En el comunicado de este domingo de la UCR, se adelanta el programa para la cámara que integra Martín Lousteau y reclama, entre otras falencias que debe cubrir el oficialismo “una recomposición para nuestros adultos mayores que vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace meses”.
El Gobierno esgrime la amenaza del veto presidencial. La vehemencia con la que toma el Ejecutivo las posiciones de quienes lo contradicen hace previsible una batalla riesgosa. Un veto es un desafío y una oportunidad de que se le arme un frente para insistir en una eventual ley de actualización de las jubilaciones. No es difícil de conseguir por la popularidad de la medida. Pero, además, nada es más tentador en política que un adversario que presume fuerzas que no tiene.
Lo grave para Javier Milei es que 2/3 de un veto es también el número para un juicio político. Todos los presidentes han acumulado decenas de pedidos de juicio político por diversas razones. Nunca han prosperado, por dos motivos: 1) porque todos los presidentes, aun los más débiles y cuestionados, han tenido siempre el respaldo de algún partido político. Pero nunca en la Argentina hubo un presidente tan débil como Milei, sin partido ni legisladores propios. Gobierna con equipos, programa, y legisladores prestados. Eso lo convierte en doblemente débil; 2) por la impericia de su bloque, que planteó una pelea interna por cargos, justo en la comisión que debe proteger al Presidente de un Juicio Político. Desde que comenzó esta legislatura, esa comisión vive una crisis permanente, no se sabe quién es el presidente, y quienes disputan ese cargo admiten que ocurre por razones personales.
Las fuerzas oscuras
El oficialismo ha hecho todo lo que está a su alcance para interceptar este entendimiento que prueba el desgaste de su campaña de escraches a todo quien se acerque el cristinismo. Ha jugado hasta ahora con el perjuicio de que la bancada de los 99 de Unión por la Patria trae desprestigio. Ese perjuicio se ha disipado a medida que se van conociendo los acuerdos que hace Olivos con el anterior gobierno, al que honra con designaciones de miembros del gabinete, como Guillermo Francos y Daniel Scioli. También con mensajes cariñosos como proponer a Ariel Lijo, un magistrado del espectro peronista, para la Corte Suprema.
También con el silencio del Gobierno sobre la herencia recibida. Cuando detecta desarreglos administrativos, sólo habla del gobierno de los Fernández. Canceló todo discurso sobre el pasivo del cristinismo por las denuncias de corrupción. Este entendimiento que puede herir al prestigio del Gobierno con otra derrota legislativa, movió a sus fuerzas oscuras para atacar a los responsables. Esas fuerzas pudieron inspirar a un grupo de activistas que agredieron de manera vil y cobarde a Nicolás Massot en las puertas del anexo al Congreso. Este diputado de Hacemos encabezó las conversaciones con los otros bloques para cerrar el acuerdo. Antes, esas fuerzas habían inspirado ataques hacia el mismo legislador a través de las redes. Se entiende, porque responde al temor que inspira Massot en funcionarios del gobierno. Temen reunirse con él porque los arrincona y les gana todas las discusiones.
La UCR revisó posiciones
Las conversaciones se han mantenido en la clandestinidad para evitar anticuerpos y bacilos intrahospitalarios, que también los hay en la política, oficio en el que hay que prevenirse tanto de los adversarios como de los propios. Es el encanto que tiene. El eje de la propuesta es del bloque Hacemos, que hizo suyo un trabajo que promovió el bloque de la Coalición Cívica cuando integraba esa bancada. Propone una actualización mensual por IPC y el reintegro de la inflación que afectó los haberes desde diciembre pasado. La UCR aportó otros pareceres, pero coincide en lo sustancial. Una legisladora de ese partido preside la Comisión de Previsión Social.
El radicalismo revisó posiciones anteriores. El 13 de marzo Hacemos y sus socios habían convocado a una sesión especial de la Cámara para tratar la movilidad. El peronismo aportó bancas a esa sesión, que fracasó al no poder juntar las 129 para el quórum. Faltaron 3 porque el radicalismo se quedó afuera, salvo cuatro legisladores de la línea Manes, desacatados que no siguieron a Rodrigo de Loredo.
«Con Máximo no vamos a ningún lado»
En el peronismo los 21 que figuraron votando junto a los moderados de Hacemos para imponer el capítulo del tabaco, subieron hace una semana ya a 28. Este fin de semana, autoridades del bloque de UxP filtraron la idea de que un número aún mayor está dispuesto el miércoles a sumarse al dictamen UCR-Hacemos más Coalición.
Esa decisión la respalda con vehemencia un grupo anti cristinista que busca adhesiones con el lema «Con Máximo no vamos a ningún lado». Otro sector, más cristinista, está dispuesto a sumar votos al dictamen de «los normales» de la Cámara para infligirle otra derrota a La Libertad Avanza.
El PRO juega como si integrase el Gobierno y se apartó del entendimiento de la oposición moderada, con un proyecto que prometió presentar antes del miércoles. Lo verbalizó María Eugenia Vidal en la Comisión de Presupuesto que sesionó en la semana que pasó. Propone el reintegro en cuotas de la pérdida por la inflación de enero, un 8% para cubrir lo que el gobierno no admitió al reconocer un 12% por sobre el total del 30%. Aunque lo expresa en nombre del PRO, ese pago en cuotas es una idea del Gobierno. Ha estado en los papeles del oficialismo para negociar algún acercamiento a «los normales» y evitarles una nueva derrota.
Gobernar es saber perder
El seguidismo del PRO sobre el tema previsional se ampara en el silencio informativo que hay sobre las negociaciones que hace el Gobierno, al no verbalizarlas. Se ayuda con un periodismo que se limita a reproducir tuits o gacetillas del Gobierno y de la oposición. Fruto de estas negociaciones inconfesables fue que, en la versión final de la llamada Ley Bases, el Gobierno resignó nada menos que el pase del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES al Ministerio de Economía. Esa gigantesca caja que se creó para fondear el sistema de jubilaciones tiene un monto de USD 46.000 millones. Son en buena parte títulos y acciones, pero son un activo del cual el Gobierno quiso apoderarse.
La oposición resistió y reclamó que ese dinero se usase para pagar los juicios atrasados de los pasivos, y para regularizar la actualización de los fondos que debe enviar Nación a las cajas de jubilaciones de provincias no transferidas. En el recuento de los votos posibles, el Gobierno se dio cuenta de que iba a perder. Dejó caer del trineo esa cláusula para que se la comiesen los lobos. Ya había hecho lo mismo con la privatización del Banco Nación, que llegó a juntar 170 votos en contra en Diputados. El Gobierno valoró más la estética negativa de una derrota, que la necesidad. Esta concesión afecta a la integridad de las cuentas públicas mucho más que el pago de un retroactivo del 8,1%, que es el valor de la inflación impaga a los jubilados por el mes de enero.
Cuánto cuesta la movilidad
El ayudamemoria que confeccionó, a la carta, la Oficina del Presupuesto del Congreso, enmarca el debate del miércoles. En un estudio de los cuatro dictámenes que estarán sobre la mesa el miércoles, la OPC concluye que el programa más barato de todos es, obviamente, el que contiene el decreto 274/24, que estableció la fórmula que el ministro Luis Caputo insiste en que es lo más que la caja puede dar. Una actualización mensual por IPC, pero comiéndose la inflación que acumularon los jubilados en contra, desde que asumió el Gobierno. Y si no les gusta, vamos al veto. Lo formaliza en este debate un dictamen de minoría de La Libertad Avanza, que según la OPC emparda al DNU 274, compromete un 6,49% del PBI y mejora levemente la (in)movilidad impuesta por el gobierno de los Fernández en 2021 en 0,60 puntos porcentuales del PBI.
El dictamen más caro es el que presenta la izquierda (FIT), que levanta el costo a un 21,50% del PIB, es decir, 114,67 puntos porcentuales más que la ley Alberto y 14,36 p.p. más que DNU 274/24. En el medio están los dos dictámenes que pueden ir a una convergencia en torno al nuevo dictamen de mayoría. El que hoy tiene más firmas es de Unión por la Patria, que propone aplicar 9,0% del PIB: 2,17 p.p. más que la ley Alberto y que es 1,86 p.p. más caro que el que DNU 274/24 de este gobierno. Le sigue el de Hacemos-Pichetto, que cuesta 7,57% del PIB: 0,74 p.p. más que con la Ley 27.609 y 0,43 p.p. más que el DNU 274 de Toto Caputo.
El tsunami de las canas
La cuestión previsional es un problema global, no sólo en la Argentina. Está en el centro de todos los debates políticos en todos los países. Y más en la Argentina, país que tiene un sistema universal de reparto que alcanza a una gran mayoría de la población, que a la vez está desfondado por las crisis en cadena de la economía. Complica el remedio, en un país donde la cuestión previsional es una cuestión alimentaria (por el bajo monto de las jubilaciones) más que actuarial.
Países con economías más sólidas, pero acuñadas sobre otras bases, como Estados Unidos, no tienen sistemas con la universalidad del nuestro. Según el US Census Bureau (el INDEC de ese país) en 2017 un 49% de los ciudadanos entre 55 y 66 años no tenían ningún ahorro para enfrentar su retiro. Este año en EE.UU. 4,1 millones de personas llegarán a los 65 años y se precipita un fenómeno que han bautizado como el «Silver Tsunami” -el tsunami de las canas-.
En la Argentina, según el diputado Fabio Quetglas, sociólogo laboral, la tasa de crecimiento de la natalidad cayó mucho desde la peste Covid: a 1,2 -una marca que vaticina un agravamiento de la caída de la ecuación de activos y pasivos que debe sustentar al sistema-. El legislador advirtió que la salida de este tsunami necesita un análisis a fondo que aborde las tres patas de problema: 1. La pirámide demográfica (tasa de natalidad y expectativa de vida); 2. Las migraciones (partiendo del supuesto que el 80/85% de los inmigrantes que recibe el país son personas activas) y 3. Sustituibilidad tecnológica (empleos convencionales contra tecnificación del trabajo). Ninguno de estos temas ha aparecido en el debate del Congreso.