En el final del juicio, más familiares de los 43 gendarmes que fallecieron en el siniestro vial del 14 de diciembre de 2015, cuando iban a Jujuy, relataron ante el Tribunal Oral Federal 2 de Salta las situaciones traumáticas que atravesaron al intentar obtener información y recuperar los cuerpos.
La declaración más conmovedora fue la de Carolina González, viuda del gendarme Daniel Alejandro Llanos, que era oriundo de Salvador Mazza. Ambos tenían 20 años en el momento del siniestro. Se habían casado en agosto, tenían una beba de 1 año y dos meses y un bebé de apenas 14 días. «No se imagina la cantidad de sueños que teníamos, los sueños de llegar a viejos juntos, de ver crecere a nuestros hijos juntos», dijo entre lágrimas la joven dirigiéndose al presidente del Tribunal, Domingo Batule.
Carolina relató el calvario vivido tras la tragedia. Primero le costó obtener información. Finalmente, cuando se confirmó la muerte de Llanos, el Escuadrón de Salvador Mazza le facilitó una camioneta para que viajara.
Contó que cuando llegaron al forum donde se habían colocado los féretros, les dijeron «fíjense por ahí, ahí tiene que estar el cajón». «Estaban todos los cajones, con todos los familiares llorando, tuve que ir viendo (cajón por cajón) dónde decía el apellido de mi marido, mi mamá me agarraba de un brazo, y los choferes que fueron con nosotros de Gendarmería iban adelante (fijándose si encontraban a Llanos). ‘No’, ‘No’, hasta el final». En esa búsqueda se descompuso. Los choferes siguieron buscando, «no estaba el cajón». Entonces le indicaron que preguntara en otro sector: «Nos dicen ‘ya salió el cajón, fue despachado a su lugar de origen’, yo no podía hablar. Los conductores le dicen ‘pero si nosotros comunicamos que veníamos, se mandó un radio’. Me entró la desesperación», recordó la joven.
La joven dijo que tuvieron que volver a Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia. «Llegamos el martes 15 al mediodía a Salvador Mazza, a alistar la casa para esperar. No estaba el cajón. No sabían decirme dónde estaba». El Escuadrón de esa localidad los ayudó a averiguar y supieron que lo habían llevado a Orán, de ahí a la ciudad de Salta «y recién de ahí otra vez iban a ir a Salvador Mazza».
«Eran las 18 del martes 15 de diciembre, me entregan un cajón cerrado, me hacen firmar unos papeles y me dejan ahí. Y sí, ahí arriba estaba la plaquita con el nombre de él pero yo no sabía si (su cuerpo) estaba o no», dijo la joven. Agregó que no abrió el cajón por recomendación de la funeraria, habían pasado muchas horas y en la noche «ya despedía olor ese cajón». Esta situación llevó a que al día siguiente tuvieran que apurarse a inhumarlo y no pudieran esperar a que llegara la madre de Llanos, que no se encontraba en la localidad.
Por otro lado, González añadió que «nunca» recibió ayuda, «ni psicológica ni nada de parte del Móvil 5». Resaltó su juventud y el hecho de que quedara con dos niños pequeños. «No pude amamantar a mi segundo hijo, no podía porque no me alimentaba. No recibí ayuda de ningún tipo», insistió. A los tres días tuvo que viajar de nuevo a Santiago del Estero a realizar trámites y como no tenía dinero, otros gendarmes pusieron «de su bolsillo» para los pasajes. Después conoció otras viudas en el Móvil 5 y ellas la orientaron para que completara los trámites.
En la cuenta del destrato, la joven agregó que quiso anotar a su hijo recién nacido con el apellido del padre pero en el Registro Civil no se lo permitieron. Llanos no lo pudo reconocer en vida porque en la clínica donde nació el bebé demoraron 10 días el certificado de nacido vivo y él tuvo que volver a trabajar.
También contó que después de 3 años ella y su hijita necesitaron terapia psicológica, y que su hijo, hoy de 8 años, «no despertó la motricidad de la manito a tiempo». «Ustedes no saben el daño que causaron a esos niños», dijo dirigiéndose a los acusados, los comandantes Juan Carlos Germán, Juan Carlos Bordón, Elio Rafael Méndez y Ramón Antonio Maidana, para quienes la fiscalía pidió penas de cinco años de prisión por «estrago culposo con resultado de muerte», por su responsabilidad en el mal estado del colectivo cuya cubierta derecha delantera explotó y provocó el siniestro en el que murieron los 43 gendarmes.
Otra viuda, en este caso del cabo primero Oscar Manrique, chofer del colectivo siniestrado, aseguró que no tuvo asistencia de Gendarmería. «Uno, a manotazos de ahogado, (tuvo que) llamar a familiares que estaban tan lejos para recibir una ayuda», dijo Dalma Nerea Páez, que declaró vía Zoom desde San Juan.
Añadió que no le entregaron las pertenencias de su marido. «Yo no recibí nada de nada, más que su celular sin chip ¿y quién explica eso? ¿Por qué los celulares, si estaban en perfectas condiciones, no tenían el chip ni la memoria? ¿Con qué derecho se atreven a tocar cosas que no les corresponden?», cuestionó. También relató que en el Móvil 5 le dijeron que debía «dejar lo de gala, si no iba a ser descontado». «¿Descontado de dónde si no sabíamos dónde estábamos parados, qué íbamos a recibir y qué no (…)? ¿Pagar algo cuando nos habían quitado una vida?». «¿Quién es responsable de todo eso? Tiene que haber alguien que delega esas cosas tan inhumanas», reclamó.
Páez también defendió la actuación de su marido. «No voy a permitir que lo acusen (de tener) alguna culpa, o de que estaba excedido de velocidad el colectivo, porque sé la responsabilidad con que hacía su trabajo», afirmó en respuesta a afirmaciones de las defensas.