El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, fue denunciado ante la Justicia después de que se develara que compró tres departamentos en Miami por más de dos millones de dólares, operaciones que realizó a través de sociedades off-shore radicadas en paraísos fiscales.
Ninguno de esos movimientos financieros, incluso si vendió o no los inmuebles en los Estados Unidos, fue registrado en su última declaración jurada de bienes (DDJJ) del año 2023. Las compañías extranjeras tampoco figuran en el documento en el que, como funcionario público, tenía la obligación de informar sobre ellas para garantizar las normas de ética y transparencia en la Administración Pública Nacional.
El caso fue develado por el diario La Nación, y Vázquez fue denunciado en los tribunales por diputados de la Coalición Cívica: acusan al jefe de la AFIP de haber cometido los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito; omisión maliciosa en su DDJJ y hasta lavado de dinero. Aun así, el patrimonio “oficial” de Vázquez, el que sí declaró ante la OA, muestra que su fortuna creció de modo notable durante sus años como empleado de la AFIP, aun teniendo en cuenta que en ese organismo se cobran los sueldos más altos del Estado Nacional. ¿Cómo logró Vázquez adquirir diez propiedades, algunas muy cotizadas en el mercado, a los que sumó ahorros por 10 millones de pesos en efectivo, y cuentas en los Estados Unidos con 2.100.000 de pesos?
Clarín indagó sobre las tres sociedades comerciales que inscribió Vázquez en su DDJJ: son empresas privadas en las que él cumple diferentes roles y con accionistas y directores diferentes. Todas son polémicas.
Una de esas firmas es una consultora.
Otra se dedica a los negocios del fútbol.
La restante tiene un objeto amplio pero que se puede resumir en la comercialización de software y de elementos de telefonía celular, incluida tecnología.
Las tres empresas con las que Vázquez pudo haberse enriquecido en negocios con privados son compañías con socios llamativos, polémicos, e incluso domicilios registrados en la que no funcionan sus sedes reales.
De acuerdo a fuentes que conocen la trama interna del organismo recaudador desde hace muchos años, y que además estudiaron las normas legales y un Código de Ética al que deben someterse los funcionarios de ese ente, ahora llamado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), hay diversas variables en las empresas declaradas de Vázquez que pueden ser motivo de incompatibilidad con sus funciones al frente de la DGI, y antes también.
En una de esas firmas, Vázquez es socio de dos de los hijos de un representante de futbolistas que él mismo investigó como director de Inteligencia fiscal de la AFIP, hasta determinar que había evadido el pago de cientos de miles de dólares de impuestos que debió abonarle al fisco.
Otro de sus “socios” un ex funcionario de la gestión de Carlos Menem que admitió haber cobrado sobornos en la función pública, plata que le fue depositado en una cuenta de un banco suizo que tampoco declaró ante la propia DGI de aquellos años 90. Por ese motivo, el funcionario fue condenado en la Justicia y la AFIP K terminó exigiéndole que devuelva la plata.
Según un chequeo que realizó este diario, esas tres compañías registraron como sedes legales o fiscales a domicilios en los que realidad no funcionan.
¿Están en regla las empresas que Vázquez sí aceptó como propias en su DDJJ?
Esas empresas se llaman San Andrés S.A; Más y Más S.A; y DVQP Sports S.A.
La primer sociedad comercial que adquirió Vázquez fue Consultora San Andrés SA.
Había sido inscripta ante el Estado en el 2005 por el contador Sergio Ocampo y el comerciante Fernando Pagani.
El “objeto” original de la firma era amplio. Según la documentación oficial, la firma se dedicaría por el término de 99 años a funcionar como una “Consultora”. A lo que se agrega que de ese modo se dedicaría a “la prestación de toda especie de servicios de consulta, estudio, investigación y asesoramiento en todas las ramas de la ingeniería, economía, finanzas, derecho, ciencias sociales, educación, administración, y otras disciplinas del saber humano a entidades públicas o privadas del país y del extranjero, comprendiendo además la elaboración de estudios de mercado, factibilidad, preinversión de planes y programas de desarrollo nacional, regionales y sectoriales”.
Su domicilio legal estaba ubicada en el partido bonaerense de Lavallol.
El funcionario Vázquez figura por primera vez como integrante de esa Consultora en el 2007.
Mediante una publicación en el boletín oficial, se informa un cambio de autoridades en Consultora San Andrés. El presidente del directorio pasó a ser el jubilado Alejandro Unger; y la vicepresidenta Silvia Mónica Vázquez, hermana del hoy titular de la DGI. Andrés Edgardo Vázquez fue inscripto como director suplente.
El domicilio legal de la consultora sería en la calle Garibaldi al 200, en el distrito bonaerense de Quilmes.
El 24 de noviembre del 2010, la Consultora San Andrés informó que tanto Unger como Vázquez (Silvia) registraban como domicilio el mismo lugar: un departamento en el octavo piso de un edificio de la calle Leandro Alem 79, en Quilmes.
En el caso de Andrés Vázquez, su dirección profesional es otra: un departamento en la calle Olga Cosentini al 1350, en Puerto Madero, el vecindario más cotizado de la Capital Federal, donde hoy el jefe de la AFIP vive, aunque en uno de las torres de mayor lujo de la zona.
En el año 2017, la Consultora San Andrés renovó su directorio: lo presidiría el jubilado Unger; la vice sería la hermana del hoy titular de la DGI; mientras que Andrés Vázquez continuó con su puesto de director suplente pero modificó su “domicilio”: se “mudó” al piso 9 de Alem 79, Quilmes, uno más arriba que el “directorio”.
Clarín intentó comunicarse con la Consultora San Andrés. Nadie respondió en la supuesta sede de la compañía. Los teléfonos sonaron en habitaciones vacías en Quilmes.
¿Dónde funciona Consultora San Andrés? ¿Quiénes son sus clientes?
La segunda sociedad comercial en la que figuró Andrés Vázquez apareció inscripta ante los organismos de control en el 2013.
Su nombre es Más y Más S.A.
Pero la polémica podría surgir por quiénes son los socios de Vázquez en esta firma.
Él mismo la constituyó junto a Genaro Antonio Contartese, un ex funcionario del Banco Nación que confesó haber cobrado sobornos en uno de los casos de corrupción más resonantes del menemismo: IBM-Banco Nación. Contartese admitió que había recibido un “regalo” de parte de IBM y hasta informó ante la Justicia que ese obsequió, más de un millón de dólares, fue depositado en una cuenta de un banco en Suiza que él no declaró ante la AFIP.
La DGI tuvo actuaciones en ese caso, e incluso reclamó, tras la condena en un juicio abreviado tanto de Contartese como de otros sobornados, que el dinero espurio fuera transferido al fisco nacional.
Vázquez perdonó a su socio por haber cometido corrupción y evasión fiscal.
Pero hay más sobre Más y Más S. A.
Otros dos socios de la misma compañía son Stefano Mascardi y Francisco Mascardi, hijos de quien un importante representante de jugadores de fútbol a nivel internacional, Gustavo Mascardi.
Según consignó el periodista Gustavo Veiga en su libro “Fútbol Limpio, Negocios Turbios”, el representante Mascardi fue detectado por el propio Andrés Vázquez, en aquel momento titular de Inteligencia Fiscal de la AFIP, como un evasor en operaciones de compra y venta de jugadores en Chile y la Argentina. Veiga resalta que fue Vázquez quien se ocupó de seguir esas pistas, y que su Dirección de Inteligencia Fiscal determinó que Mascardi había incurrido en delitos, por lo que fue denunciado a la Justicia. Un tribunal de alzada sentenció que Mascardi había presentado papeles truchos sobre esos contratos de sus jugadores con operaciones en clubes chilenos y argentinos, por lo que el hombre de negocios debió pagarle al organismo recaudador 420 mil dólares más costas por el proceso.
Vázquez volvió a perdonar a la familia Mascardi. Aunque sus “socios” sean los hijos del representante evasor, que aun así no son responsables ni tienen algo que ver con lo que pudo haber hecho su padre.
Además de los socios ya mencionados, en Más y Más S.A. figuran en el mismo rol José Luis Tolosa, María Lorena Jensen, Lorena Sciorra.
En esta sociedad, Vázquez puso como su domicilio a un inmueble en la calle Julieta Lanari 1331, Puerto Madero. Es donde hoy continuaría viviendo el titular de la DGI. Se trata de uno de los torres de lujo más caras del vecindario, la Chateau Puerto Madero, donde algunos de sus pisos tienen un costo de más de dos millones de dólares.
Contartese, el coimero confeso por haber aceptado que el Banco Nación contrate a IBM para instalar un nuevo software en la entidad financiera estatal, creó así la compañía con Vázquez, que tiene como “objeto”, teniendo en cuenta los antecedes de uno de sus socios, un negocio totalmente controversial: “por cuenta propio o terceros o asociada a terceros, en el país o el extranjero, las siguientes actividades: “El desarrollo, importación, exportación, compra, venta alquiler, licenciamiento y/o comercialización bajo cualquier modalidad de sistemas, programas y equipos de informática, así como el servicio técnico para el desarrollo de software”.
La informática, aquel trauma de Contartese y que investigó la AFIP de Vázquez, se repitió ahora en el objeto comercial de su empresa.
Los ítems a los que se puede dedicar Más y Más S.A. son aun más amplios. Pero con solo consignar el primero de ellos se puede destacar que Vázquez es posible que haya cometido así uno de los impedimentos que la propia AFIP, ahora ARCA, determinó que son causales suficientes para que sus empleados jerárquicos no puedan ejercer como tales.
La Ley lo dice así. No podrán ocupar puestos de relevancia en ese organismo quienes mantengan “relaciones de cualquier naturaleza o de asesoramiento con firmas exportadores e importadoras o con despachantes de aduana”.
Vázquez constituyó, justamente, una sociedad cuyo primer objeto es el la “importación” o “exportación” de sistemas o tecnología informática.
En esta trama se repetirán más variables similares al respecto.
Ocurre que Vázquez posee una tercera sociedad comercial más, llamada DVQP Sports S.A.
Fue inscripta el 7 de septiembre del 2015.
El hoy titular de la AFIP tiene como “socios” en esta firma al italiano Antonio Galzerano; a Elba Barco y a quien era en esa fecha su esposo, el representante de futbolistas Norberto Arismendi.
Vázquez registró como domicilio a su departamento en la torre Chateau de Puerto Madero.
La empresa tiene objeto comercial el de representar y asesorar a deportistas, artistas y entidades deportivas, para adquirir “porcentajes” de los derechos económicos y beneficios de derechos federativos de futbolistas…”.
La firma DVQP Sports S.A se dedica al oficio en el que el evasor Mascardi logró gran éxito, aunque sus hijos trabajan con Vázquez en otra empresa.
¿Se le conoce actividad real a DVQP Sports S.A?
Según los documentos oficiales, su domicilio es Quintana 2293, Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza.
Clarín confirmó que en esa dirección no hay empresa si no un casa tipo dúplex en un barrio de clase media.
El ex titular de la AFIP en era K, Ricardo Echegaray, emitió una resolución en el 2014 mediante la cual le prohibía a sus empleados ser miembros o dueños de sociedades anónimas comerciales como las de Vázquez.
Quien tenía negocios privados en ese sentido, debía desprenderse de ellos si quería seguir siendo empleado jerárquico de la AFIP.
Vázquez se siguió desempeñando como funcionario público. Clarín lo llamó para que de su versión pero hasta el cierre de esta nota no había contestado.
Si bien el alcance de esa resolución duró alrededor de un año hasta que fue suspendida, en ese tiempo Vázquez no vendió ninguna de sus compañías ni renunció a sus directorios.
El Código de Ética de los funcionarios de la AFIP, hoy ARCA, determina cuáles son los conflictos de intereses en los que pueden caer sus funcionarios, e incluso son causal de castigo o denuncia penal.
“El personal de la AFIP debe evitar situaciones que desencadenen un conflicto de interés actual, potencial o futuro”, dice ese texto basado en la Ley de Ética Pública, y sigue, aunque resumido: esos posibles conflictos de interés se cometen o podrían cometerse si el funcionario no evita tener una situación económica, profesional o familiar que pudiese afectar de manera adversa su independencia de criterio por ser parte de una autoridad de control de un negocio del que él mismo forma parte.
A pesar de todo, Vázquez fue ratificado por el Gobierno en su caso.
Hay mucha más información, también.