El Gobierno y uno de los gremios que nuclea a empleados del Estado acordó abrir mesas de diálogo tras el anuncio oficial anteayer de que no se renovarían 1,400 contratos en organismos y hospitales que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.
En las casi tres horas que duró el encuentro en esa cartera, funcionarios y representantes de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) acordaron iniciar esas conversaciones el lunes próximo sobre el organigrama del ministerio en general y, a partir del jueves, sobre el funcionamiento y el plantel del Hospital Bonaparte en particular. En lo que dure ese proceso, no habrá medidas de fuerza ni se enviarán telegramas al personal al que no se le renovaría la contratación.
Ayer, el anuncio oficial de que no se renovarán 1.400 contratos en la órbita del Ministerio de Salud puso en estado de alerta a profesionales y gremios, que se enteraron de la decisión a través de la red social X a pesar del diálogo que venían teniendo con las autoridades de esa cartera y sus organismos y hospitales.
Según pudo saber LA NACIÓN, se enviaron unos 320 telegramas a personal con contratos de renovación trimestral en los hospitales Laura Bonaparte (ex Cenareso), ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, y Baldomero Sommer, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. En el Bonaparte son unos 200 contratos suspendidos y, otros 122, en el Sommer. LA NACIÓN no pudo acceder al detalle de esos 1.400 contratos por dependencia.
Tras solicitar desde el ministerio 56 bajas en el plantel del Instituto Nacional del Cáncer (INC) –primero habrían sido unas 30–, presentó ayer su renuncia la directora de ese organismo, Verónica Pesce. En el Hospital Posadas, hasta ayer no habrían llegado telegramas.
Al conocerse el comunicado de la Casa Rosada, los gremios que nuclean a empleados de la Administración Pública Nacional (APN) se declararon en estado de alerta y solicitaron reuniones con el ministro Mario Lugones. UPCN lo hizo con carácter de urgencia y el encuentro se fijó para hoy, a las 16. Estarían presentes, inicialmente, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, y el jefe de Gabinete, Roberto Olivieri. Finalmente, participaron Olivieri y el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, por cuestiones de agenda de Loccisano. Desde UPCN, sindicato con el que existían canales de diálogo, anticiparon que irían con “una posición dura” a ese encuentro.
Diego Gueren, secretario general de UPCN Salud, expresó horas antes del encuentro a este medio que pedirían a las autoridades abrir una mesa de diálogo para iniciar una revisión de esas contrataciones caso por caso. Como refirieron anteayer a LA NACIÓN desde el ministerio, el gremialista señaló que se trata de contratos con actualización trimestral de personal que, administrativamente, se consideran transitorios, pero que “se renovaban todos los años y en blanco, con aportes sociales y cobertura”.
Durante la reunión, además de acordar abrir ese diálogo la próxima semana, hablaron de la vía de comunicación elegida para dar a conocer la decisión de no renovar contratos. “Nos llamó la atención que fuera así porque es una gestión con la que hay diálogo”, sostuvo Gueren ante la consulta.
En el Bonaparte, de acuerdo con la información que cuenta UPCN, entre los 200 contratados que recibieron el telegrama hay profesionales que habían rendido y aprobado el examen de idoneidad exigido por el Gobierno como requisito para trabajar en la APN. De pasarlo, según explicó Gueren, el Estado garantizaba un año de continuidad laboral. Es decir, hasta el 31 de diciembre de este año.
“No nos oponemos a reordenar el funcionamiento de los organismos o la reestructuración de la que hablan las autoridades para brindar mejores servicios a la comunidad. Pero no a vaciarlos con la excusa de los despidos: en el Bonaparte, echaron a casi el 50% del personal –manifestó Gueren–. Si hoy se abre una mesa de diálogo que permita que las autoridades de Salud entiendan que se extralimitaron y se pueda revisar la situación de los 1.400 contratos que no renovarán, caso por caso, y el cierre de áreas clave, no habrá conflicto. De lo contrario, tomaremos las medidas directas que nos competen como gremio.”
Para el sindicato más dialoguista con las sucesivas gestiones, el contexto y la crisis de la que el sistema de salud no se recupera demandan “una revisión integral de esta medida que está afectando directamente al personal que brinda servicios a la población”. Lo “grave” de la decisión oficial, para Gueren, es “que no hay criterios objetivos ni lógicos” para los telegramas que se están enviando. Y puso como ejemplo algunos destinatarios en el Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.
Según explicó, separaron “a todos los médicos del fin de semana y es un hospital que tiene pacientes internados judicializados. En el área de administración, despidieron a los tres liquidadores de sueldos y, en el área de servicios jurídicos, les llegó el telegrama a todos, excepto al jefe. Algunos de ellos habían aprobado el examen de idoneidad para la APN”, expresó el gremialista. “Hay que sincerar si quieren o no mantener el hospital operativo”, dijo.
En octubre pasado, el Ministerio de Salud ratificó en conferencia de prensa que se había acordado con representantes gremiales abrir una mesa de trabajo con profesionales y autoridades para “asegurar la prestación de servicios” y que una comisión, como había dado cuenta LA NACIÓN en ese momento, empezaría a “trabajar en un plan, que avanzará de acuerdo con un cronograma” a definir por ese grupo de trabajo.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también pidieron una reunión con Lugones y aguardaban respuesta. “Tenemos absoluta preocupación por lo que está pasando en los organismos que dependen de Salud”, manifestó Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital y delegado general de ATE Salud. En los pisos del edificio sobre la avenida 9 de Julio donde funciona el ministerio tampoco habían llegado telegramas.
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